A pesar de lo que cada semana se
comenta en torno al perenne debate de las preferentes, en mi opinión no existe
un posicionamiento claro sobre quién es el malo o el culpable en esta polémica.
Demonizar a las entidades como las únicas responsables me sigue pareciendo un
ejercicio osado. Por otro lado, muchos inversores están legitimados a exigir
responsabilidades a sus entidades pues es evidente que la comercialización de
este producto tuvo presuntas notorias irregularidades. Por eso, para dar una
visión lo más aséptica posible, conviene ser tan cuidadoso como ponderado en el
análisis.
De un lado está el inversor.
Simplificado al máximo, la mayoría se siente “engañada y estafada”. Su argumento
es que les “vendieron un producto que no ha resultado ser lo que compraron”. De
otro lado está la entidad, cuya política comercial en ese momento le llevó a
distribuir masivamente un producto de evidente riesgo pero que tenía
aceptación. De otra manera no se entiende que en el momento álgido se
registrase un millón de inversores en preferentes.
Así pues, el punto de encuentro
entre ambas partes no estaba en el producto en sí sino en la rentabilidad. Este
es el factor clave. Los inversores no se preocuparon de entender bien lo que
compraban. Es así de simple. Eso sin embargo, no exime a su entidad de explicar
en detalle lo que estaban vendiendo, es decir, los riesgos. Eran tiempos en los
que el dinero fluía, las aburbujadas cajas vendían de todo porque tenían
quien lo comprase. ¿Y por qué no lo explicaban? Porque seguro que no lo
entendían y posiblemente porque, de forma presunta, no les interesaba que eso
ocurriera. Entender el producto no es leerse el argumentarlo de venta que se
distribuye a la red sino comprender que la rentabilidad va ligada a los
beneficios del emisor así como que no se puede prometer, y menos garantizar,
rentabilidades perpetuas en productos de este tipo. Obviar eso es tan grave
como no mencionar la iliquidez del producto.
Mi posicionamiento es que,
exceptuando los casos flagrantes, todos tienen razón en su defensa. Los bancos
ejercieron una presunta mala praxis comercial que sin embargo, como reconoce la
propia CNMV, es indemostrable en su parte verbal pues siempre contradecirá la
firmada. El reverso de ese argumento es a lo que se agarra el inversor. Por
ello insisto en que es muy difícil establecer un argumento de defensa que
dictamine un único afectado o un único culpable.
Lo que los inversores tienen que
entender es que han pasado a formar parte del hundimiento del sistema
financiero español. Siendo los inversores clientes de cajas no cotizadas, en la
prelación de responsabilidades han asumido sin saberlo la que les corresponde.
Si se escala el riesgo es evidente que tienen que asumir su cuota de daño, que
será proporcional a la participación efectuada de la misma manera que los
accionistas y los bonistas lo han hecho. Esto es así y no admite discusión.
Los afectados se sienten
engañados porque buscan equipararse a los ahorradores más conservadores pero lo
que tienen que entender es que ¡nunca lo fueron! Se convirtieron en cuasi
accionistas de una entidad y eso tiene consideraciones muy importantes que, a
pesar de no conocerlas, no les exime de su responsabilidad.
En primer lugar, no pueden tener
ni de lejos las mismas garantías que un depositante porque los productos en los
que invirtieron están en las antípodas de la regulación que protege a los
depositantes. Antes del estallido de esta polémica, percibían intereses que
superaban en mucho los que percibían otros ahorradores. La máxima de la
inversión establece que la búsqueda de una mayor rentabilidad comporta un mayor
riesgo. Eso que es matizable en su lado más simple es una regla de oro que
debían de conocer. Y en segundo lugar, forman parte de un proceso de
reestructuración que establece con una claridad meridiana la corresponsabilidad
de los inversores en las pérdidas. Porque eso es lo que se tiene que entender,
que en el momento que adquirieron preferentes se convirtieron en inversores
dejando de ser ahorradores.
Las cajas deberán igualmente
asumir la responsabilidad de obrar de una manera poco clara e incluso
perniciosa. Los casos que han salido a la luz han sido tan escandalosos que no
pueden quedar impunes simplemente devolviendo el capital. Si el arbitraje
dictamina que fueron la mayoría, se le estará dando la razón a los afectados.
Pero como eso está lejos de suceder, el desenlace de este triste capítulo se
intuye bastante bien cuál será.
Este artículo fue publicado en la Tribuna de opinión de El Economista el sábado 1 de juniio
